«La verdad elemental es que la Gran Depresión se produjo por una mala gestión pública.» Milton Friedman.
El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABNSB), como hemos visto en anteriores posts, es una institución que en este momento no tiene claridad de su misión y visión estratégicas, ha quedado como una biblioteca patrimonial que no ha desarrollado un pensamiento de servicio público y tristemente no cuenta con la infraestructura y los recursos suficientes para cumplir su valiosa función social. Por ello, nos planteamos y le ofrecemos las siguientes interrogantes: ¿El enfoque de la Nueva Gestión Pública es la solución a la problemática de las bibliotecas en Venezuela?, ¿Los elementos que están presentes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, pueden brindar fortaleza a una institución fundamental como la biblioteca pública?, ¿Si se rescata a la biblioteca pública puede también rescatarse la confianza en las instituciones educativas y culturales del Estado?
Antes de responder a estos cuestionamientos, es importante revisar las diferentes relaciones que podemos hacer entre los elementos de la Nueva Gestión Pública (NGP) y las bibliotecas como servicio público. Es decir, cómo hacer para que la Biblioteca Pública (BP) sea un espacio no sólo para satisfacer las necesidades de información de las personas, sino que a su vez sea de encuentro para la participación ciudadana y democrática, por vía de la administración efectiva de los recursos con que cuente.
Pero, ¿qué es la Nueva Gestión Pública (NGP)? En palabras de García Sánchez (2007): persigue la creación de una administración eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana (p. 44).
La NGP y la BP buscan satisfacer las necesidades de los ciudadanos. La gran cuestión es saber si ese objetivo se está cumpliendo al menor coste posible o como diría Gore (citado por García, 2007) con “un gobierno que cueste menos y trabaje mejor”. O si se plantea generar servicios de calidad que permitan incluir sistemas de control y mecanismos de transparencia para fortalecer justamente ese espacio de participación ciudadana. Al menos en este momento ni remotamente se acerca a servicios de calidad, mucho menos alcanza el objetivo de la participación.
Según nuestra autora, hacer a la administración pública más eficiente y eficaz pasa necesariamente por establecer o aplicar los pilares de la NGP:
La Elección pública, que se refiere a la introducción del sector privado en la producción pública e inclusión de mecanismos de competencia. Más competencia en el desarrollo de servicios públicos, incluso, privatización o contratación externa, que permitan la viabilidad de las alternativas y controles sobre la burocracia (García, 2007, pp. 39-40).
Los Costes de transacción, que significa la reestructuración organizativa en relación con la función de coste más óptima, en el que la competencia genera costes, y mientras mayores sean los costes mejor será la administración; sin embargo, es necesario y vital un control y un equilibrio de los costes (op.cit., p. 40).
El llamado Neo-Tailorismo, o la reducción de la burocracia y sus normas de actuación, mediante la simplificación de la estructura jerárquica. Se perfeccionan los mecanismos de motivación, vinculados a sistemas de control; se reinventan y transforman los sistemas públicos: separación entre política y gestión, reducción de normas de actuación (simplificación), gerencia profesional, controles económicos y financieros, incentivos, entre otros (op.cit., pp. 40-41).
Y por último, la Teoría de la Agencia, que es la implantación de herramientas de control vinculadas al ejercicio de responsabilidades, establecimiento de procesos de rendición de cuentas. Y conjunto de contratos en el que un individuo (principal) contrata a otro (agente) y delega en él la ejecución de una determinada tarea (relación gobernados-gobierno, por ej.). De aquí se desprende la relación Ciudadanos-Políticos-Gestores (op.cit., pp. 41-43).
Pero, qué hacer para mantener un equilibrio entre el Estado y el sector privado, o cómo apaciguar esas fuerzas casi incontrolables entre el poder político y el poder económico. Allí es donde interviene la forma “inteligente” de implementación de estos enfoques, un poco como la reconstrucción de la confianza de la que habla Arellano (2007).
Específicamente y en el contexto latinoamericano, hay experiencias en la prestación de servicios públicos bibliotecarios en el que se percibe una aplicación efectiva de estos postulados. O como lo llama Yepes Osorio (2007, p. 34), el “desdoblamiento del Estado” a favor de las comunidades y sus ciudadanos. El caso colombiano es bien emblemático, porque desde el Estado fueron creadas figuras jurídicas de derecho privado o corporaciones que son responsables de prestar diversos servicios públicos, entre ellos, bibliotecas. Se trata de las llamadas Cajas de Compensación Familiar, sin ánimos de lucro, que cumplen funciones de seguridad social al recibir financiamiento directo del sistema productivo a través de un tributo especial denominado “parafiscal”, que resuelve necesidades básicas relacionadas con la vivienda, la recreación, la salud, la educación y la cultura (op.cit., pp. 34-35). Pero que son supervisadas, controladas y vigiladas por el Estado.
Especial mención merece la Caja de Compensación COMFENALCO Antioquia, que en la ciudad de Medellín administra todo un sistema de bibliotecas públicas capaz de impactar sobre comunidades de escasos recursos con base en un personal altamente especializado, encargado de planificar múltiples actividades que van desde el fomento de la lectura pública hasta la organización de eventos culturales, desde la BP. Y es que en el mundo de las bibliotecas de América Latina esto es una rareza con creces, porque como señala Rodríguez Santa María (2007, p. 35) en la región la inversión social es relegada por otro tipo de inversiones, donde la ausencia del Estado es sustituida por la empresa privada o por organizaciones no gubernamentales, prestadoras de servicios bibliotecarios exitosos como es el caso de las bibliotecas populares en Argentina, bibliotecas de fundaciones en Bolivia, y el de las cajas de compensación y otras bibliotecas populares en Colombia.
No obstante, Yepes llama la atención sobre las implicaciones de estas prácticas y pone el ojo sobre el Estado. Señala con certeza que la tendencia general es a que, según las presiones del nuevo orden económico mundial, el Estado reciba los tributos y se despreocupe de prestar los servicios directamente, dejando la responsabilidad a los empresarios contratando de cualquier manera los servicios y los productos que requieren los ciudadanos. Lo ideal, dice, es que el Estado se desdoble, entregue autonomía a los gobiernos locales y deje de ser el “papá Estado”, para que las soluciones sean compartidas [corresponsabilidad] y la ciudadanía en general junto al Estado sean ampliamente responsables (Yepes, 2007, pp. 35-36).
Ahora bien, ya hemos visto algunas relaciones de la BP con los postulados de la NGP. Entonces, cómo vincular las bases institucionales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la teoría de la NGP para buscar soluciones a la complejidad de problemas de la BP venezolana.
En primer lugar, hay que realizar reformas normativas que flexibilicen los mecanismos de participación. Siendo la CRBV, en esencia, un texto fundamental que propugna la democracia participativa es necesario activar todos los mecanismos que sean posibles para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y democratizar la gestión pública. Entre las bases institucionales del Estado que despiertan la participación democrática tenemos: la contraloría social, la corresponsabilidad y la transparencia (Cuñarro/Morales/Leal, 2006, p. 126).
Es decir, la Administración Pública dentro de la CRBV establece una serie de previsiones que interrelacionan los elementos de la NGP y las bases institucionales del Estado:
· Controles sociales y participación ciudadana en la gestión pública, que contribuya a ampliar y fortalecer las responsabilidades de la administración pública (artículos 62, 70-72 y 143).
· Desarrollo de la modalidad de gestión por resultados como base para la asignación presupuestaria (artículo 315).
· Principios, entre los que resaltan los de transparencia y responsabilidad, que orienten el régimen socioeconómico (artículo 299), la gestión fiscal (artículo 311), la organización y funcionamiento del gobierno (artículo 6) y de la administración pública (artículo 141) (op.cit., pp. 128-129).
En ese sentido, implementar estos principios a la que podríamos llamar la «nueva gestión bibliotecaria«, pasa necesariamente por aplicar reformas políticas a la Administración Pública. Pues, como señalan inteligentemente Cuñarro, Morales y Leal, «la participación ciudadana no siempre asegura las tres condiciones fundamentales: democracia, eficiencia y control.» (op.cit., p. 130). Dicha reforma debe hacerse a su vez por una reforma administrativa que profesionalice y flexibilice la función administrativa de los servicios públicos.
Una reforma política que, lejos del planteamiento de la NGP, no puede ignorar o dejar de un lado la politización de los asuntos públicos, no puede –lamentablemente- la administración mantenerse neutral frente a la política. De alguna manera, el Estado Social de Derecho y de Justicia que consagra la CRBV es una respuesta a la problemática que muchas veces representa el vínculo entre administración y política (op.cit. p. 124). En todo caso, valdría la pena el intento de suavizar la politización y evitar la alta polarización político-social que tanto daño le hace a las instituciones.
Con la NGP en la apertura del mercado de los procesos de gestión se vienen utilizando diversas actividades que van desde la privatización de empresas públicas, incorporación de figuras contractuales que permiten la gestión indirecta de los servicios públicos, hasta el fomento de la competencia entre los sectores público y privado (ambos concurren en la oferta de servicios). En cuanto a la utilización de técnicas privadas en el ámbito público se ha desarrollado la dirección estratégica como técnica directiva y el auge de sistemas de control interno de los entes públicos, especialmente, procedimientos de verificación con auditorias operativas y el uso de indicadores de gestión (op.cit. p. 56).
Particularmente, y en una opinión muy personal, pienso que la introducción de técnicas privadas dentro de las empresas públicas es mucho más viable en nuestra realidad que la apertura total al mercado. Sobre todo, evitar los procesos de privatización totales. En los casos de activación del mercado en el ámbito público, la concurrencia en la prestación de los servicios públicos con reglas de juego bien claras podría traerle a la ciudadanía muchas satisfacciones. Por último, la contratación de servicios puede ser otra vía importante, sin embargo, debe ser mucho más controlada no solo desde el punto de vista técnico sino desde la participación ciudadana, con aspectos de contraloría social, con un enfoque más preventivo que sancionatorio. De esto, necesitan y mucho las bibliotecas públicas y el resto de las instituciones culturales.
Indudablemente, el IABNSB necesita de transformaciones amplias de su estructura organizativa, específicamente en su diseño; le urge replicar ese diseño a los procedimientos administrativos: simplificar también los procesos, agilizar las funciones, motivar al capital humano, elevar la calidad de los resultados, modernizar e innovar con las nuevas tecnologías, y en definitiva, desburocratizar a la institucionalidad; finalmente, requiere ser más franca con su gente, con su razón de ser: sus usuarios, y esto es, mejorar las vías de comunicación, dar a conocer los proyectos, las actividades y los resultados, y así incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles bajo un ambiente de transparencia y responsabilidad compartida.
Pero es también un asunto de confianza. Confianza ciudadana en el gobierno, una relación de equilibrio Ciudadanos-Políticos, en el que la confianza se logra en la medida en que el gobierno atiende y resuelve aspectos clave de los problemas sociales. Es un pilar que se basa en la eficiencia o en la capacidad de dar respuestas a las demandas sociales. Desde ese punto de vista, la gobernabilidad es vital para la confianza (Arellano, 2007, pp.100-101). Confianza de la sociedad en los servidores públicos. Esta ocurre cuando los servicios civiles o públicos son efectivos, abiertos, meritocráticos, transparentes y bajo un esquema de control de intereses particulares (op.cit., p. 101). Confianza dentro del aparato administrativo. El aparato de la Administración Pública tiene múltiples demandas contradictorias. Y ante esto, la clave es ofrecer certidumbre en un marco normativo claro, simple y preciso (op.cit., pp.101-102).
Sin duda, que el Estado debe ser un espacio organizacional abierto, eficiente, promotor del mercado y la eficiencia, transparente y vigilado por los resultados e impactos que produce (op.cit., p. 97). La NGP es una buena estrategia, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque la visión que da acerca del Estado no debe basarse únicamente en la eficiencia. No sólo los instrumentos administrativos eficientes son importantes dentro de un Estado, sino también la trama política, el marco político y social que lo rodea (op.cit. p. 98). Hay que voltear a ver qué está pasando en el barrio, visitar las realidades de los pueblos, entender esa “cosa nueva” de los Consejos Comunales, y preguntarse qué son las comunas. Preguntarse por un momento también, ¿Sobrevivirá la idea universal de las bibliotecas públicas como servicio público, o se impondrá la construcción socialista de las bibliotecas comunales? Son realidades político-sociales que hay que observar para encontrar caminos para la negociación, el debate y el consenso, si estos finalmente son permitidos.
Para cerrar, hay que pasar a responder finalmente las interrogantes planteadas al principio:
El enfoque de la Nueva Gestión Pública es un instrumento valioso a implementar, pero no es la única solución a la problemática de las bibliotecas en Venezuela. Parte sustantiva de su contenido lo representa el estudio comparado que podemos realizar de las distintas realidades existentes (Bibliotecología comparada), pero agregando los tres ámbitos propuestos por García Sánchez: el estudio organizacional de las políticas de personal, las modificaciones en la estructura organizativa y el perfeccionamiento de las técnicas financieras y de control (2007, p. 53). Todo esto con el fin de construir una institucionalidad bibliotecaria más eficiente y de calidad para los ciudadanos.
Sin dudarlo, los elementos presentes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, pueden brindar fortaleza a una institución fundamental como la biblioteca pública. Siempre y cuando todos los actores sociales que intervienen en la formulación de políticas públicas de información, educativas y culturales, respeten y hagan cumplir el sagrado Texto Fundamental. Vale decir, que aquí juegan un papel vital los grupos de interés y de los cuales forman parte los profesionales de la información (bibliotecólogos) y las escuelas de bibliotecología, que deben configurarse como actores y vínculos políticos (Yepes, 2007, p. 20) que le permitan a la Biblioteca Pública elevarse hasta la cúspide pública a la que pertenece. Y no sólo eso, la construcción de la ciudadanía es un primer paso que apunta hacia las reivindicaciones sociales, y entre ellas, se encuentra el hecho de que los ciudadanos exijan sus plenos derechos individuales y fundamentales, como el del acceso universal a la información, el derecho a la educación y el derecho a la cultura, que pueden verse cristalizados a través de servicios públicos de redes de bibliotecas, constitucionalmente consagrados, por demás.
Es parte de la llamada democratización de la Administración Pública, que se alcanza por medio de un re-equilibrio del poder que asegure un mejor control y más eficiencia de la administración. Para esto son necesarias dos cosas: primero, ampliar la perspectiva sobre los medios de control y la elección por parte de la ciudadanía de los servicios y la coproducción pública; y segundo, la ciudadanía también debe constituirse como actor político que equilibre el poder de la burocracia y la controle eficientemente, y además, la administración debe tener la capacidad de producir bienes y servicios de calidad para todos (Cuñarro/Morales/Leal, 2006, p. 130).
Si logramos rescatar a la biblioteca pública podemos tener esperanzas y muchas razones para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones educativas y culturales del Estado. Un Estado confiable no solamente genera y provee servicios eficientes a sus ciudadanos, sino que tiene la capacidad de equilibrar los intereses sociales. Por lo tanto, el Estado debe asumir un papel fundamental: equilibrar, ser un factor que medie entre las diferencias de los actores más poderosos y los más desposeídos (Arellano, 2007, p. 98). Un agente de equidad política y social. El Estado necesita más que eficiencia para ser confiable.
La confianza en el Estado –concluye Arellano- es una tarea estratégica (op.cit., p. 106). Requiere inteligencia técnica y política, siendo esta última la habilidad y capacidad para adaptar tácticamente los instrumentos a la dinámica de la realidad. La Administración Pública supone la interrelación de diversos actores sociales, la más importante de ellas, la relación Ciudadanos-Políticos conocida como de “autoridad vinculante” (Olsen, citado por Arellano, p. 107).
Y hay que insistir en esto, el profesional de la información funge con certeza como autoridad vinculante en ese acto reivindicativo de la biblioteca pública, por lo tanto, es parte de su misión demostrar ante las autoridades nacionales, regionales y locales, que la institución es y seguirá siendo la piedra angular de desarrollo e instrumento de cambio en nuestra sociedad democrática. El bibliotecólogo representa un vínculo político sustancial que despierte voluntades políticas que permitan el fortalecimiento de la biblioteca pública a través de la creación de su propio marco legal. La nueva legislación bibliotecaria (A propósito de la “Nueva Ley”) debe contemplar los mecanismos que aseguren su efectivo financiamiento y/o asignación de recursos provenientes tanto de las empresas públicas como de la empresa privada.
Por último, la política cultural es una estrategia estructural que debe posicionarse en una concepción del Desarrollo Humano y de equidad. Una política cultural que acentúe la interacción entre cultura y ciudadanía. Viajamos en la transición hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y gestión de industrias culturales intangibles con la era digital. La sostenibilidad de la cultura tiene una agenda de reconocimiento social de la función económica de la cultura, con sistemas de información culturales y capacidad de innovación (Guzmán, 2007, pp. 11-12) para lograr finalmente insertarnos en una Sociedad de la Información con valores locales pero con un alto sentido global. Ese debe ser el reto para la administración cultural en Venezuela.
@rennygranda
[Adaptación de un ensayo para la Especialización en Gerencia Pública, en la materia Marco Político, Institucional y Social de la Gerencia Pública, titulado: «La Nueva Gestión Pública y el acceso universal a la información como servicio público: el caso de la Biblioteca Pública venezolana«, elaborado en noviembre de 2012.]
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARELLANO G., D. (2007, julio – agosto) Una cuestión de confianza. Retos e instrumentos para una reforma del Estado en América Latina. [En Línea] revista NUEVA SOCIEDAD No 210. Disponible: http://www.ciudadania20.org/sites/default/files/3443_1.pdf [Consultado: 2012, octubre 16]
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (2007) CRBV. Cuarta reimpresión. Legis Editores. Bogotá, Colombia.
CUÑARRO, E., Morales, E., y Leal. N (2007) Nueva gerencia pública en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desafíos y perspectivas. [En Línea] Revista Venezolana de Gerencia, Vol 11, No 33. Universidad del Zulia (LUZ). Disponible: http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rvg/article/viewFile/1274/1240 [Consultado: 2012, octubre 16]
GARCÍA S., I. (2007) La nueva gestión pública: evolución y tendencias. Secretaría General de Presupuestos y Gastos. Instituto de Estudios Fiscales. Disponible: http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/47_GarciaSanchez.pdf [Consultado: 2012, octubre 09]
GUZMÁN, C. (2007) La cultura suma. ¿El fin del paradigma cultural dominante o una nueva pero agotada política pública cultural? [En Línea] Ponencia del Encuentro Andino Nacional: Bogotá, Capital Iberoamericana de la Cultura 2007. Eje de Sostenibilidad Cultural. Disponible en: http://www.bogotacapitaliberoamericanadelacultura.gov.co/descargas/Conferencia%20Carlos%20Guzman%20Cardenas.pdf
RODRÍGUEZ S., G. (2007) La biblioteca pública: análisis a manifiestos y directrices. Fondo Editorial Comfenalco Antioquia. Medellín, Colombia.
YEPES O., L. (2007) Consideraciones políticas en torno a la biblioteca pública y la lectura. Fondo Editorial Comfenalco Antioquia. Medellín, Colombia.