Con el supuesto fin de armonizar la legislación mexicana, así como atender diversas disposiciones del Capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor entre dichas naciones el 01 de julio de este año 2020; el Senado y la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de México, aprobaron diversas reformas y adiciones a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), así como también al Código Penal Federal (CPF), que de acuerdo con el Poder Legislativo de México, vienen a establecer un “conjunto de dispositivos normativos para salvaguardar el derecho de autor y los derechos conexos en el mundo digital”, así como “reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual en nuestro país” (ver también los Boletines del Senado del día 28 y 29 de junio de 2020).
Lamentablemente, las reformas aprobadas, así como su marco y su contexto jurídico, resultaron ser excesivamente restrictivas e impositivas, vulnerando derechos humanos en entornos digitales (Derechos Digitales), contraviniendo la libertad de expresión de las personas (sistema de notificación y retirada) y criminalizando la elusión de medidas tecnológicas de protección (elusión de candados digitales).
Desde antes de su aprobación, cuando las reformas eran solamente una iniciativa de reforma (especialmente la correspondiente a la Ley Federal del Derecho de Autor), organismos de la sociedad civil en México (encabezados por la organización R3D: Red de Defensa de los Derechos Digitales), demandaron un espacio plural y un proceso abierto a la discusión participativa, en donde fueran escuchadas y tomadas en cuenta las observaciones de organizaciones de la sociedad civil y de cualquier otro grupo que viera afectados y vulnerados sus derechos. Es a partir de este llamado de alerta que se emite un comunicado suscrito por seis organizaciones de la sociedad civil: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Creative Commons México, SocialTIC, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Wikimedia México, y Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.; y se crea la campaña informativa y de activismo #NiCensuraNiCandados.
La aprobación de las reformas se llevó acabo entre los días 29 y 30 de junio del 2020. El proceso legislativo de aprobación de ambas reformas, fue un proceso apresurado y superficial, en donde la discusión legislativa estuvo ausente, a excepción de la reservas presentadas por la Senadora Antares Vázquez Alatorre (@AntaresVazAla).
La aprobación por parte del Senado (en Comisión Permanente) para el dictamen de reformas a la LFDA se realizó con una votación de 99 votos a favor y 03 en contra; para el dictamen de reformas al CPF, la votación se realizó con 61 votos a favor y 41 en contra; ambas votaciones de un total de 128 posibles votos.
La aprobación por parte de la Cámara de Diputados (en Sesión Extraordinaria) para el dictamen de reformas a la LFDA se realizó con una votación de 369 votos a favor, 0 votos en contra, y 1 voto en abstención; para el dictamen de reformas al CPF, la votación se realizó con 364 votos a favor, 0 votos en contra, y 1 voto en abstención; ambas votaciones de un total de 500 posibles votos.
Ante la aprobación de las reformas y el desestimo de los legisladores mexicanos a las peticiones y las observaciones realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones civiles manifestaron su rechazo y condenaron su aprobación anunciado una batalla legal que ya ha comenzado con la solicitud de una acción de inconstitucionalidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH); la cual ha dado ya conocimiento de que se encuentra analizando las reformas realizadas. Es importante señalar, que la CNDH tiene hasta el día 31 de julio para interponer una acción de inconstitucionalidad, por lo que la organización, el apoyo colectivo, la información, la sociabilización, así como la acción mediática y social, resulta ser de vital importancia para visibilizar esta lucha contra estas reformas.
En lo que respecta a la comunidad bibliotecaria mexicana, al día de hoy, ninguna asociación o colectivo bibliotecario mexicano, se ha pronunciado al respecto, y mucho menos se ha sumado a las acciones de apoyo. Esta es una situación delicada, puesto que no estamos asumiendo y ejerciendo una parte importante de nuestros compromisos y responsabilidades inherentes a la profesión bibliotecaria, la defensa de derechos sociales y humanos relativos al acceso y uso de la información, las tecnologías de la información, y la libertad de expresión. Además, debemos ser conscientes que estas reformas tienen impacto en actividades, acciones y programas que desarrollamos en nuestras bibliotecas, y es importante que lo reconozcamos. Es por ello, que resulta urgente y necesario, que la comunidad bibliotecaria mexicana en colectivo, se sume y participe activamente en la lucha contra estas reformas, o en su defecto, y pese al inactuar de nuestras organizaciones, los bibliotecarios profesionales y empíricos, participemos a título personal y profesional.
La invitación y el llamado esta hecho… ¡Actúa Ahora! #NiCensuraNiCandados
