Todas las comunidades autónomas del Estado español, excepto Canarias, cuentan con leyes de bibliotecas o, en su defecto, decretos que regulan el funcionamiento de las mismas y que establecen la distribución de competencias entre las distintas administraciones.
Algunas regiones disponen de leyes específicas desde hace más de tres décadas, muchas de las cuales han tenido varias actualizaciones. Entre las más antiguas están:
-Ley 3/1981, de 22 de abril, de Bibliotecas (Cataluña).
-Decreto 90/1982, de 11 de enero, de creación de Organización Bibliotecaria de Euskadi.
-Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas (Andalucía).
Y entre las más recientes:
-Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha.
-Ley 4/2011, de 23 de marzo, de la Generalidad, de Bibliotecas de la Comunidad Valenciana.
-Ley 5/2012, de 15 de junio, de bibliotecas de Galicia.
Ley 7/2015, de 25 de marzo, de Bibliotecas de Aragón.
De acuerdo con el artículo 30.9 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma tiene competencias en materia de archivos, bibliotecas y museos que no sean de titularidad estatal. Por ese motivo, y en aras de desarrollar plenamente un ámbito competencial propio, en el año 2010 se concretó un borrador de anteproyecto de Ley de Bibliotecas y Creación del Sistema Bibliotecario de Canarias; el texto se remitió a las partes interesadas para que hicieran alegaciones, pero el trámite quedó paralizado sin razón ni justificación por parte del Gobierno regional.
Dentro de este mismo proceso, en junio de 2014 se presentó una Proposición no de Ley (PNL) en el Parlamento de Canarias que fue aprobada por todos los grupos políticos de la Cámara, en la que se insta al Gobierno a retomar la tramitación del Proyecto de Ley de Bibliotecas para que, en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia Canaria de la Cultura, pudiera ser remitido a la mayor brevedad posible al Parlamento.
Varios han sido los intentos para dotar al Archipiélago de una legislación bibliotecaria, pero todos infructuosos. Esta situación anómala, sin parangón en el resto del Estado, está lastrando el desarrollo de un sector cultural de gran importancia. No puede existir un modelo de sociedad óptimo sin el respaldo de unas instituciones culturales pujantes, eficientemente constituidas y con sólidas bases legales.
El pasado 3 de octubre, las dos asociaciones de bibliotecarios de las Islas se reunieron en Santa Cruz de Tenerife, con el propósito de aunar esfuerzos para lograr la aprobación de una ley de bibliotecas autonómica.
Tanto los Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife (PROBIT), como la Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (ABIGRANCA) llevan bastante tiempo reivindicando la necesidad de contar con una legislación bibliotecaria y así se lo han hecho saber a los diferentes partidos políticos del Archipiélago.
Durante el período de campaña electoral muchas fueron las formaciones que se comprometieron a ello y, sin embargo, a día de hoy, no hay constancia (salvo honrosas excepciones), de que estén trabajando en este asunto. Ante las promesas incumplidas y la desidia del Gobierno de Canarias, ambas organizaciones profesionales han trazado una hoja de ruta que esperan se traduzca en la aprobación de un marco jurídico que dote a las bibliotecas canarias de una estructura sólida y unos servicios de calidad. Como primera acción, y bajo el lema #LeyBibliotecasCanariasYa, está disponible una petición de firmas de apoyo en el portal change.org.
Ariel Brito Jiménez
Licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España). Actualmente está finalizando el Grado en Información y Documentación en la Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja en bibliotecas públicas y, desde 2013, preside la Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca).
Twitter: @ariel_brito